Cristianos en el estado de Punjab, India, advierten que una nueva ley contra el “sacrilegio” podría convertirse en una herramienta peligrosa contra pastores, líderes y comunidades evangélicas, especialmente en aldeas donde ya existe un clima creciente de hostilidad religiosa.
La preocupación surge tras la aprobación de una enmienda a la ley estatal que castiga la profanación del Guru Granth Sahib, la escritura sagrada del sijismo. Aunque la norma fue presentada como una respuesta a episodios de ofensa religiosa que han generado tensión social en Punjab, líderes cristianos temen que su redacción y sus penas severas puedan facilitar abusos, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias.
La nueva legislación establece penas mínimas de siete años de prisión, que pueden extenderse hasta 20 años. En casos considerados parte de una conspiración para alterar la armonía comunitaria, la condena puede llegar a cadena perpetua. Además, los delitos contemplados por la ley permiten arrestos sin orden judicial, no otorgan derecho automático a fianza y no pueden resolverse mediante acuerdos fuera de tribunales.
Para las minorías religiosas, el punto más alarmante es que una acusación puede traducirse rápidamente en detención, sin filtros suficientes antes de que la policía actúe.
El temor de los cristianos no es teórico. Dos pastores del Punjab ya experimentaron las consecuencias de ser acusados en un caso de supuesta ofensa religiosa bajo una legislación mucho menos severa.
Ambos fueron arrestados en 2023 después de que se encontraran páginas arrancadas de un libro de oración sij esparcidas en una carretera cerca de su aldea. Según fuentes cercanas, la policía los identificó a partir de imágenes de cámaras de seguridad, pero los pastores niegan haber cometido el hecho.
Lo que siguió marcó sus vidas. Uno de ellos quedó tan afectado física y psicológicamente durante su detención que debió pasar semanas hospitalizado antes de ser enviado a prisión. En la cárcel, ambos atravesaron momentos de profunda crisis, pero lograron sostenerse espiritualmente al reencontrarse, leer la Biblia juntos y orar.
Finalmente, obtuvieron libertad bajo fianza, algo que su comunidad consideró casi milagroso. Sin embargo, sus vidas no volvieron a la normalidad.
Sus iglesias permanecen cerradas, no pueden regresar a sus hogares y viven desplazados, sobreviviendo con trabajos ocasionales. Cada vez que ocurre un nuevo incidente de sacrilegio en la zona, temen volver a ser señalados por las autoridades.
Para otros pastores, su caso muestra lo que ya podía ocurrir bajo una ley con penas mucho menores. Con la nueva enmienda, advierten, el riesgo será mucho mayor.
La enmienda fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Punjab y entró en vigor en abril. Sus defensores sostienen que busca proteger los sentimientos religiosos de la comunidad sij y evitar disturbios como los que surgieron tras casos anteriores de profanación.
Uno de los antecedentes más importantes fue el caso de Bargari, en 2015, cuando se hallaron más de cien páginas del Guru Granth Sahib esparcidas cerca de un lugar de culto sij. El episodio provocó protestas masivas y la muerte de dos hombres por disparos policiales.
Sin embargo, críticos de la nueva ley señalan que el problema no era la falta de castigos más duros, sino las deficiencias en las investigaciones. Datos citados por la policía de Punjab muestran que, de cientos de casos de sacrilegio registrados en los últimos años, solo una pequeña proporción terminó en condena.
Para los cristianos, endurecer las penas sin resolver los problemas de investigación puede aumentar el peligro de que personas inocentes sean arrestadas por presión social o religiosa.
Líderes evangélicos y defensores de minorías religiosas afirman que el clima en muchas aldeas ya se había deteriorado antes de la aprobación de esta ley. En los últimos años, grupos religiosos y políticos han acusado a cristianos de promover conversiones, generando sospecha contra pastores que visitan comunidades rurales.
En algunas zonas, según testimonios locales, se han prohibido visitas pastorales, se ha marginado a familias cristianas y se ha presionado a creyentes para que dejen de reunirse.
Albert Dua, expresidente de la Comisión Estatal de Minorías de Punjab y referente cristiano local, advirtió que la ley puede intensificar ese temor. Según él, muchos cristianos ya viven bajo sospecha y ahora podrían enfrentar acusaciones más graves en un contexto legal mucho más duro.
Otro punto cuestionado es el alcance de la ley. Líderes cristianos afirman que la norma protege de manera específica una escritura religiosa, pero no ofrece una protección equivalente a la Biblia ni a otros textos sagrados.
Para ellos, si el Estado decide castigar con tanta severidad la profanación de escrituras religiosas, debería hacerlo de forma igualitaria para todas las comunidades de fe.
Algunos pastores consideran que el enfoque actual introduce una desigualdad peligrosa: una ofensa contra una religión recibe una protección penal extrema, mientras otras comunidades quedan en una posición más vulnerable.
La preocupación se agrava por declaraciones recientes de funcionarios que han sugerido la posibilidad de aprobar una ley contra conversiones religiosas en Punjab.
Aunque el estado aún no cuenta con una norma de ese tipo, cristianos locales miran con preocupación lo ocurrido en otros estados de India, donde leyes anticonversión han sido usadas para arrestar pastores, interrumpir reuniones de oración y perseguir actividades evangelísticas bajo acusaciones de conversión forzada.
En ese contexto, la nueva ley de sacrilegio es vista por muchos como parte de un escenario más amplio de presión contra las minorías cristianas.
La ley ya enfrenta cuestionamientos en tribunales. Sectores cristianos han presentado recursos argumentando que la norma crea un régimen penal discriminatorio y viola garantías constitucionales de igualdad ante la ley.
También han surgido críticas desde dentro del propio mundo sij. El Akal Takht, máxima autoridad temporal sij, exigió modificaciones a varias cláusulas de la ley, aunque el gobierno estatal rechazó retirar la norma.
Mientras tanto, comunidades cristianas de Punjab siguen en alerta. Para ellas, el riesgo no está solo en el texto legal, sino en cómo puede ser usado en aldeas donde la presión social, las sospechas religiosas y la intervención policial pueden combinarse contra creyentes vulnerables.
Para los dos pastores que aún viven desplazados, la discusión no es abstracta. Ellos fueron acusados, encarcelados, separados de sus congregaciones y empujados a una vida de incertidumbre sin haber sido condenados.
Ahora, con penas que pueden llegar a cadena perpetua y arrestos sin fianza, muchos cristianos temen que el próximo acusado tenga todavía menos posibilidades de defenderse.
Aun así, sus líderes insisten en permanecer firmes en la fe y unidos como seguidores de Cristo en medio de una etapa cada vez más difícil para la Iglesia en Punjab.
